El pedido de juicio político al intendente Tamayo por el acuerdo con Edesal se define este viernes
Los legisladores del albertismo buscan archivarlo de inmediato.
La presentación del concejal Guillermo Araujo (Avanzar) contra el intendente Sergio Tamayo por “mal desempeño en las funciones, incumplimiento de los deberes y la eventual comisión de delitos comunes”, será tratado este viernes a la siesta en la Sala Acusadora.
En la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante, tomó estado legislativo el pedido de juicio político contra el jefe comunal que habría cometido irregularidades en la firma de un convenio con Edesal.
La comisión acusadora que empezará a resolver la suerte del intendente Tamayo, la integran los concejales del Frente Unidad Justicialista de Todos Agustina Gatto, Julieta Ponce, Lautaro Ojeda y Daniel Ferreyra; Carlos Ponce y Germán Ponce de San Luis de Somos Todos y Javier Suárez Ortiz de San Luis Unido.
Araujo fue a fondo al pedir el juicio político del intendente al conocerse la letra fina del convenio celebrado con Edesal. Accionó porque Tamayo hizo renunciar a la comuna a cobrar $64 millones y en el mismo acto le reconoció una deuda de $25 millones a la empresa, que toma la gestión de cobro de las tasas y servicios a través de la boleta de luz.
En lugar de ir a la comisión investigadora, la denuncia contra Tamayo pasó a la Sala Acusadora que preside Agustina Gatto.
“Coincido en que el reglamento no es claro en cuanto al destino de una presentación de este tipo. Si lo es en que el cuerpo antes de pasar a la sala debe manifestarse sobre el cumplimiento de los requisitos formales de una demanda”, planteó Araujo e invitó al tratamiento de la moción.
En su alocución expuso que el pedido cumple con las exigencias de su individualización personal y el cargo que ejerce, indicar relación circunstanciada de los hechos, en qué se fundamentó y elevar la prueba en que se sustenta.
El legislador de Avanzar aprovechó para fundamentar le necesidad de que Tamayo sea sometido al proceso en el que se evalúe la responsabilidad en un caso que generado múltiples interrogantes: “No se han cumplido los requisitos que exige el procedimiento administrativo para llegar a una decisión como la adoptada”.
Y aseveró en que “el intendente se ha tomado atribuciones que no le corresponden ya que estas decisiones necesitan la autorización del Concejo Deliberante”.
En la votación, los 15 legisladores coincidieron en que la solicitud sea remitida a la Sala Acusadora. Tamayo quiere cerrar ahora un frente que definitivamente, cualquiera será el resultado, marcará para siempre su gestión.